Democracia y justicia

Desde muy chico he oído hablar de que vivimos en un estado de derecho y la definición es hermosa.

El estado de derecho, dicen los doctos, es un sistema institucional en el cual la fuerza pública es sumisa a derecho, ligado al respeto de la jerarquía de las normas, a la separación de poderes y a los derechos fundamentales del hombre.

Y continúan en ese mundo fantástico:

En el estado de derecho toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma; es así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico creando un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público.

Agrega la definición:   El poder debe estar institucionalizado y no personalizado, esto es,  debe recaer en instituciones jurídico-políticas y no en autoridades específicas, las cuales son detentadores temporales del poder mientras revisten su cargo.

 

 

 

 

 

Tanto las normas jurídicas del respectivo Estado, como las actuaciones de sus autoridades, al aplicar dichas normas jurídicas, deben respetar, promover y consagrar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza de las personas y de los cuerpos intermedios que constituyen la trama de la sociedad.

Vemos en la televisión a los magistrados de la suprema corte, caminar majestuosamente con su voluminoso cuerpo cubierto por una toga y hablar con una solemnidad casi divina y uno piensa que bueno que tengamos personajes tan brillantes y honestos que nunca se equivocan.

Todo este paraíso desaparece cuando tienes contacto con algún elemento de la “justicia” o enfrentas un juicio como demandante o demandado y entras al pantano del tortuguismo, de la indolencia, del servilismo, de la arrogancia, de la ineptitud, de la corrupción, de todas esas características que llevan al “estado de derecho” a ser su antítesis.

Cuando escucha uno en la radio a quienes manejan las estadísticas y hablan de porcentajes cercanos al 98% de impunidad te das cuenta de que quien delinque tiene muy pocas posibilidades de recibir castigo y eso lo lleva a seguir agrediendo a la sociedad desprotegida totalmente en el terreno de los hechos.

Cuando platicas con los policías sobre este tema, te dicen: atrapamos a delincuentes en el momento de delinquir y los presentamos ante las autoridades pero al otro día los sueltan  y ¿porque los sueltan? le pregunta uno y coloquialmente responden, pues porque les dan una lana.

El gran problema de México es la incongruencia entre lo que decimos que es y lo que realmente sucede.

Constitución, leyes, reglamentos y procedimientos  se han convertido en un galimatías, no por error, sino diabólicamente premeditado, porque nuestras leyes han demostrado a través de los años, que no buscan impartir justicia sino el control y saqueo de los recursos y vidas de la sociedad.

Entre mas complejas y rebuscadas sean las leyes mas difícil será su cumplimiento y la justicia estará en manos de las autoridades creándose la posibilidad de que las usen en forma  discrecional para sus intereses.

 

Lo ilustro con un ejemplo: supongamos que UD. Desea cumplir con lo que marcan las leyes de Hacienda correctamente, bien, pues tendrá que leer 16 leyes, un código, 2 cartas de derechos y 16 reglamentos con sus respectivos decretos vigentes amén de memoranda y comunicados, algo así como 20,000 paginas escritas en términos no usuales, pomposamente denominados técnicos, esto lo lleva al terreno de la indefensión dejando su destino en la buena voluntad de terceras personas.

 

Pero aún así, si Ud tuviera el tiempo y los conocimientos para leerlas y asimilarlas no hay nada que le garantice que esté a salvo porque en muchos casos está el criterio de la autoridad que dirá la última palabra.

 

Pero si las leyes son confusas y rebuscadas, los procedimientos son insoportables e interminables si Ud. Solicita justicia, un juicio se puede ir a varios años de dar vueltas a juzgados con un gasto inaudito de tiempo y recursos que lo inhibirán en lo futuro a solicitar justicia a los tribunales.

 

Y al momento de llegar a los impartidores de justicia el tema se vuelve terrible porque la corrupción lastima profundamente el espíritu de quien exige justicia y la confianza se esfuma al ver como el juez se vende al mejor postor.

 

Ante este panorama ¿Cuál podría ser el camino?

 

Después de décadas de sufrir un gobierno autoritario y de una lucha heróica hemos optado como pueblo seguir el camino de la democracia y eso implica un giro de 180 grados en el tema de la seguridad y justicia.

 

Primero

Nuestro sistema judicial debe basarse en reglas de convivencia no de obediencia, esto es, la sociedad debe de establecer cuales son las reglas que se deben de emitir para una convivencia sana, no el estado dictar las reglas que los súbditos deben de obedecer.

La Constitución debe de tener los fundamentos y objetivos que marquen el rumbo de la nación y como cascada crear las reglas que nos permitan alcanzar estos objetivos.

La sociedad civil debe de generar el cuerpo político que proponga las leyes a las que está dispuesta a someterse para lograr los objetivos del país.

Una vez establecidas las leyes, nombrar a los representantes que cumplan y hagan cumplir estas leyes aún con el uso de la fuerza pública.

Gran parte del cambio que esta experimentando el país nació en esta ciudad por el esfuerzo y gallardía de la sociedad civil que exigió sus derechos hasta las últimas consecuencias y de aquí puede salir también la iniciativa para el cambio judicial que la nación requiere en forma inmediata.

En ese movimiento se logrò introducir en La Constitución del Estado de Chihuahua La iniciativa popular, El plesbicito, El referéndum y La revocación de mandato, estas herramientas nos pueden permitir transformar el sistema medieval de justicia en una institución al servicio de la sociedad.

Mientras la seguridad pública esté diseñada, operada y supervisada por el estado no podremos decir que somos un país demócrata, el diseño y supervisión de esta, debe recaer en organizaciones ciudadanas, como universidades, Institutos, comités de vecinos que interaccionen continuamente con el estado proponiendo soluciones y supervisando resultados.

De igual forma en la administración de justicia debe de cambiar, mientras sean los funcionarios o los políticos los que nombren jueces y magistrados seguiremos siendo un país de gobiernos autoritarios, si queremos llamarnos demócratas, la integridad y honorabilidad de jueces y magistrados la debe determinar la sociedad no los políticos es necesario que estos sean elegidos de la misma forma que son elegidos los actores de los otros dos poderes.

 

En síntesis requerimos:

1.- Reglas claras emanadas de la sociedad.

2.- Procedimientos sencillos y firmes que permitan una justicia expedita.

3.- Autoridades judiciales elegidas por la sociedad.