Luis de la Barreda Solórzano
Decenas de manifestantes entran, vociferantes y armados con machetes y palos, al edificio de la Suprema Corte de Justicia.

Los agentes encargados de resguardar la entrada no se los impiden por temor a que si cargan contra ellos o los rechazan haciendo uso de la fuerza se les acuse de abuso de poder, ya que se trata de una protesta social.

Los inconformes, voceando consignas, se dirigen a los cubículos de los ministros. A cada uno lo levantan de su escritorio, le atan las manos a la espalda y anudan mecate en su cuello. Entre imprecaciones y mofas los conducen a la calle jalándolos del cogote. La policía ve salir a captores y capturados pero nadie ordena que intervenga. A empujones y tirones los ministros son llevados al Zócalo y subidos a un templete entre aclamaciones de los congregados en la gran plaza. Allí son blanco —sus rostros se distorsionan de angustia— de escupitajos y zarandeos, y se les rocía de gasolina. Por el micrófono uno de los líderes brama que si no asumen el compromiso de revocar cierto fallo injusto de un tribunal se les prenderá fuego.

Sólo entonces se da la orden de rescatar a los cautivos. No es sencillo hacerlo. Los policías son atacados a machetazos. Para defenderse arrojan gas lacrimógeno, disparan al aire, blanden sus toletes. La refriega ocasiona varios heridos. Pero finalmente se libera a los ministros y se detiene a un puñado de agresores, entre ellos algunos líderes.

A los detenidos se les juzga y se les condena. Impugnada la sentencia, la Suprema Corte atrae el expediente por tratarse de un caso de evidente relevancia social. Así, los propios ministros que habían sido secuestrados resolverían la situación de sus secuestradores. En la discusión, el ministro Juan Silva Meza califica las condenas como “una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social a partir de una ideología totalitaria donde (sic) el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad”, y describe al grupo que protagonizó el episodio como “fuerte opositor al gobierno y representante de un valor emblemático para la comunidad”. La ministra Olga Sánchez Cordero sostiene que la retención “fue únicamente para buscar que se atendiera la demanda” y, dado que no era “el propósito fundamental” de los autores sino “un medio para lograr determinado fin” (¿no ocurre así con toda retención?), los retenidos “no se podían considerar rehenes”. El ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia asevera que, aun cuando se les había amarrado a él y sus colegas, y los activistas portaban palos y machetes, “en ello no había amago o amenaza”. Las condenas (por lo visto, otro fallo injusto) se revocan.

Desperté horrorizado, el corazón a galope y la espalda empapada de sudor frío. ¡Uf! Por fortuna había sido una pesadilla. Lo que ocurría en el sueño —me dije— no podía ser real… ¿o sí? —dudé sobresaltado—.